

Opinión Nubia Barrios
Con las cámaras obtenemos información importante, pero también representan un reto al tener que encontrar un balance entre la seguridad y el respeto a la privacidad.
En respuesta al amplio interés de servidores públicos en el tema, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) capacitó a unidades de transparencia del estado sobre los requisitos que deben cumplir los avisos de privacidad para el uso de sistemas de videovigilancia por parte de instituciones públicas.
La relevancia del tema y el interés que ha despertado más allá del sector público, el tema de las cámaras de video vigilancia aún y cuando la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y las facultades del organismo garante aplican únicamente a instituciones gubernamentales en Zacatecas, es posible asesorar y enlazar a quienes presentan dudas sobre el uso de cámaras en el sector privado, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El objetivo de estas capacitaciones fue el de proporcionar elementos conceptuales que permitan la implementación de sistemas de videovigilancia que respeten la normativa en materia de protección de datos personales, a través de la puesta a disposición del aviso de privacidad correspondiente, toda vez que la videovigilancia se utiliza para prevenir y perseguir delitos, garantizar la seguridad de las personas e inhibir conductas contrarias a las normas, sin embargo, es necesario que las dependencias y sujetos obligados que los utilizan, informe el tratamiento de los datos que recaban, es decir: ¿qué sucede con las grabaciones? ¿A dónde terminan? Partiendo desde el punto de que se convierten en archivos digitales en los cuales no está regulado normativa y jurídicamente su uso y destino.
Con las cámaras obtenemos información importante, pero también representan un reto al tener que encontrar un balance entre la seguridad y el respeto a la privacidad, pues el quehacer de éstas es captar imágenes de personas identificables, lo que obliga a conocer el tipo de titulares de la información y el contexto en el que se recaban los datos.
No es lo mismo, por ejemplo, una escuela donde hay menores de edad que la recepción de una dependencia pública, resaltando la importancia de definir cómo se graba la información, el tiempo de almacenamiento, los accesos a los videos y los métodos de supresión de datos, asegurando que estos sean irreversibles, debiendo cumplir con estándares de seguridad y confidencialidad, la puesta a disposición de avisos de privacidad y sus formatos, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a la información recabada por las cámaras y sistemas de videovigilancia.
Mediante este ejercicio, el Pleno del IZAI reafirmó el propósito del organismo garante de contribuir en la capacitación y la actualización constante de los sujetos obligados en temas de transparencia y protección de datos personales, asegurando que la implementación de sistemas de videovigilancia en instituciones públicas cumpla con los estándares legales y garantice la seguridad sin vulnerar los derechos de las personas.
En resumen, puedo mencionar lo siguiente: