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Opinión

Que caiga quien tenga que caer

Que caiga quien tenga que caer

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

Los señalamientos relacionados con Guadalupe Taddei y la actuación de quienes han tenido responsabilidades dentro de las instituciones electorales merecen una revisión seria, objetiva y exhaustiva.

Okashi Velasco
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9 de noviembre 2026

La lucha contra la corrupción no puede tener excepciones, ni admitir cálculos políticos, mucho menos convertirse en una defensa selectiva de quienes ocupan o han ocupado responsabilidades públicas, eso lo hemos sostenido siempre, cualquier señalamiento sobre posibles actos de corrupción o conductas ilícitas en las instituciones del país, debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin importar quién esté involucrado. Los señalamientos relacionados con Guadalupe Taddei y la actuación de quienes han tenido responsabilidades dentro de las instituciones electorales merecen una revisión seria, objetiva y exhaustiva. No podemos conformarnos con investigaciones superficiales ni limitar las indagatorias al ámbito federal. Si existen indicios de que determinadas prácticas o posibles irregularidades tuvieron ramificaciones en los estados, también deben seguirse esas líneas de investigación.

Es necesario revisar toda la estructura, identificar posibles complicidades y establecer si hubo funcionarios, operadores o particulares que participaron en actos contrarios a la ley. La responsabilidad no desaparece por ocupar un cargo, pertenecer a una institución o contar con respaldo político. Nadie debe estar por encima de la ley. Y hay que ser muy claros: no estamos anticipando culpabilidades ni pretendemos sustituir el trabajo de las autoridades. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Precisamente por eso exigimos investigaciones profesionales, independientes, transparentes y sustentadas en pruebas. Que se esclarezcan los hechos y que las responsabilidades se determinen conforme a derecho.

Tampoco debemos permitir que este asunto se utilice como bandera de confrontación partidista. El combate a la corrupción no puede depender de quién sea el señalado. No se puede exigir justicia para los adversarios y silencio cuando las investigaciones alcanzan a personas cercanas, la transformación que defendemos exige congruencia. Nuestra obligación es actuar con honestidad, exigir transparencia y demostrar que nuestros principios están por encima de cualquier interés personal o de grupo.

Lo hemos dicho antes y lo sostenemos ahora: nosotros no protegemos a nadie que haya actuado en contra de la ley. No hay complicidades que defender, nombres intocables ni instituciones que deban convertirse en refugio de la impunidad, que se investigue hasta el fondo, que se conozca toda la verdad y que, si se acreditan responsabilidades, caiga quien tenga que caer. Sin excepciones y sin privilegios.

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