

Zaira Ivonne Villagrana Escareño.
La reciente modificación de las condiciones de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abre una discusión necesaria.
Zaira Ivonne Villagrana Escareño
La solidez de un Estado no se mide únicamente por su capacidad para administrar recursos, sino también por la confianza que generan sus instituciones y la protección que brinda a quienes han contribuido al desarrollo del país.
La reciente modificación de las condiciones de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abre una discusión necesaria: cómo garantizar la viabilidad financiera del sistema pensionario sin generar incertidumbre entre las y los trabajadores que planean su retiro.
Para muchas personas, esta modalidad representa la posibilidad de mejorar su pensión mediante aportaciones voluntarias. Detrás de esa decisión existen años de trabajo, ahorro, compromisos familiares y expectativas legítimas de alcanzar una vejez digna.
Las instituciones tienen la obligación de prevenir irregularidades, corregir abusos y proteger los recursos públicos. Sin embargo, toda decisión administrativa debe sustentarse en la legalidad, explicarse con transparencia y considerar sus consecuencias sociales.
La certeza jurídica no es un obstáculo para la transformación institucional; es una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana. Por ello, las autoridades deben precisar el alcance de las nuevas disposiciones, informar oportunamente a las y los asegurados y garantizar que su aplicación respete los derechos que correspondan en cada caso.
El desafío consiste en conciliar dos responsabilidades fundamentales: la sostenibilidad financiera y la justicia social. Una política pública responsable reconoce las limitaciones presupuestarias, pero también comprende que detrás de cada expediente existe una historia de esfuerzo, sacrificio y aspiraciones familiares.
México necesita un sistema pensionario sólido, transparente y sostenible, capaz de responder a los desafíos presentes sin comprometer la confianza de quienes han contribuido a sostenerlo.
Las decisiones públicas deben evaluarse no solo por el ahorro que generan, sino también por sus efectos en la vida de las personas. Esa es una responsabilidad que exige diálogo, sensibilidad y rigor institucional.
Porque gobernar con visión de Estado significa administrar con responsabilidad, actuar con legalidad y recordar que las instituciones tienen sentido cuando contribuyen al bienestar y la dignidad de la sociedad.