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Opinión

Más normas, mismos problemas: el reto de integrar la convivencia escolar en la EMS

Más normas, mismos problemas: el reto de integrar la convivencia escolar en la EMS

Rafael Sánchez Andrade.

Los instrumentos emitidos en 2023 representaron un avance importante en la organización de la vida escolar.

Okashi Velasco
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9 de abril 2026

La regulación de la convivencia y la atención de la violencia escolar en la educación media superior atraviesa un momento importante. No se trata de ausencia normativa, sino de una acumulación de instrumentos que, aunque valiosos, no siempre dialogan entre sí. El desafío actual no es producir más documentos, sino articularlos con sentido operativo.

Los instrumentos emitidos en 2023 representaron un avance importante en la organización de la vida escolar. Tanto el Protocolo para la Convivencia Armónica del Estudiantado (2023) y los Protocolos de Seguridad (2023) establecieron rutas claras de actuación, definieron responsabilidades y ofrecieron un marco para responder ante situaciones concretas. Su lógica fue eminentemente operativa: ordenar, intervenir y dar certeza a los planteles frente a escenarios específicos.

Los lineamientos para prevenir y atender la violencia escolar en bachillerato (2026) introducen un cambio relevante. La violencia deja de abordarse únicamente como un evento que debe atenderse y se reconoce como un fenómeno que puede y debe prevenirse. Esta perspectiva incorpora dimensiones que habían sido tratadas de manera circunstancial: el bienestar socioemocional, la inclusión y la construcción cotidiana de entornos escolares más justos. El énfasis ya no está solo en la reacción, sino en la prevención.

Sin embargo, este cambio de enfoque no viene acompañado de una articulación con lo previamente construido. La ausencia de referencias directas a los instrumentos de 2023 no es un detalle menor. Genera un vacío interpretativo que puede traducirse en duplicidades, cargas administrativas innecesarias y, sobre todo, incertidumbre en los planteles. Cuando no se establece con claridad cómo se relaciona el marco normativo, se traslada esa tarea a las escuelas, que ya operan bajo condiciones limitadas.

Los lineamientos plantean la elaboración de nuevos protocolos. Sin embargo no confirma la integración de los documentos anteriores, pero abre la posibilidad de que sean considerados como insumos.

Las coincidencias entre los documentos son evidentes y, en cierto sentido, alentadoras: todos reconocen la importancia de los derechos humanos, la cultura de paz y la corresponsabilidad institucional. No hay contradicción de fondo, pero sí una clara falta de continuidad. La política parece avanzar mediante medidas fragmentadas más que por una integración progresiva.

El verdadero potencial de los nuevos lineamientos no radica únicamente en su enfoque preventivo, sino en su capacidad para propiciar una reorganización de la estructura institucional. Si los nuevos protocolos que se anuncian logran recuperar lo ya existente, simplificarlo y traducirlo en una ruta única, comprensible y viable, entonces se habrá dado un paso significativo. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir una dinámica recurrente: mayor producción normativa sin mejora en la práctica.

La educación media superior no necesita empezar de nuevo; necesita mejorar lo que ya tiene. La oportunidad que abren los lineamientos no está en sustituir, sino en integrar con claridad operativa, formación pertinente y condiciones institucionales adecuadas. Se debe decidir entre: fortalecer lo existente o empezar de nuevo. De ello depende que los lineamientos para prevenir y atender la violencia escolar en bachillerato trasciendan el ámbito normativo y logren transformar la vida escolar.

analistaeducativo@gmail.com

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