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Opinión

La legalidad no tiene género: misoginia, poder y contrapesos

La legalidad no tiene género: misoginia, poder y contrapesos

Julieta del Río. *Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI

La presidenta de la República tiene razón al señalar que la misoginia no debe utilizarse para agredir a una mujer por su vida personal.

Okashi Velasco
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28 de octubre 2026

Julieta del Río

Cuestionar el ejercicio público  no significa, por sí mismo, atacar a una mujer. La legalidad debe aplicarse a todas las personas, sin distinciones ni privilegios.

La presidenta de la República tiene razón al señalar que la misoginia no debe utilizarse para agredir a una mujer por su vida personal. Sin embargo, no debe confundirse la crítica misógina con el cuestionamiento legítimo de posibles irregularidades en el servicio público.

Si existen señalamientos sobre presuntos conflictos de interés, contrataciones cuestionables, usurpar un grado académico  o abusos de poder, la respuesta debe ser investigar, transparentar los procedimientos y deslindar responsabilidades, sin importar si quien está bajo escrutinio es hombre o mujer.

La igualdad también significa exigir las mismas responsabilidades y aplicar los mismos criterios. Ni ataques por ser mujer ni privilegios por esa condición. Una cosa es agredir a una funcionaria por razón de género y otra cuestionar sus decisiones, sus credenciales académicas, el ejercicio de sus atribuciones o los posibles conflictos de interés durante su gestión.

No toda crítica es misoginia, aunque tampoco deben minimizarse las expresiones misóginas cuando existen elementos para identificarlas. Ambas cuestiones deben analizarse con seriedad, sin utilizar etiquetas para sustituir explicaciones ni eludir responsabilidades.

Ante señalamientos sobre contrataciones públicas, las inquietudes son: ¿las decisiones se tomaron conforme a la ley?, ¿hubo controles suficientes?, ¿se cumplieron las obligaciones del cargo?, ¿los procedimientos fueron transparentes? Calificar de misógino a quien formula preguntas legítimas no las responde. Del mismo modo, exigir explicaciones no justifica los insultos ni permite presentar como probados hechos que aún deben investigarse.

En el Instituto Nacional Electoral (INE) existe un antecedente relevante. El 14 de octubre de 2024 se publicó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que facultó a la presidencia del organismo para designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin la aprobación previa del Consejo General prevista en el esquema anterior.

La modificación alteró la distribución de facultades en una institución cuya autonomía, pluralidad y colegialidad son fundamentales para la confianza pública. La colegialidad no es un trámite prescindible: permite distribuir decisiones y establecer contrapesos.

El 30 de octubre de 2024, el Consejo General acordó impulsar una controversia constitucional contra esos cambios. El 14 de enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esa vía por improcedente, al considerar que no era el mecanismo para impugnar normas generales en materia electoral. La Corte no resolvió el fondo del debate ni validó sustantivamente la reforma.

Concentrar atribuciones sin controles suficientes debilita los contrapesos. Por eso, es necesario preguntar quién supervisa las decisiones y si los mecanismos institucionales funcionan.

Esto no significa que la reforma haya causado las presuntas irregularidades relacionadas con proveedores electorales. Para establecerlo, deben examinarse contratos, fechas, atribuciones y procedimientos. Las relaciones personales tampoco prueban por sí solas una conducta ilegal, pero, si existen indicios de que influyeron en una contratación o generaron conflictos de interés, deben investigarse.

Las grabaciones, los videos y las fotografías pueden aportar elementos relevantes, cuyo alcance deberá determinarse mediante el análisis correspondiente. La Auditoría Superior de la Federación debe valorar la información pertinente dentro de sus atribuciones.

La autonomía electoral no coloca al INE por encima del escrutinio público. Su relevancia institucional exige claridad, transparencia y rendición de cuentas.

Proteger a las mujeres en la vida pública significa garantizar que ejerzan sus cargos libres de discriminación, no impedir que sus decisiones sean cuestionadas.

La legalidad no tiene género. La autonomía no significa ausencia de rendición de cuentas, la colegialidad no es un estorbo y cuestionar la legalidad no es, por sí mismo, misoginia.

El poder público se ejerce con facultades, pero también con límites. Y quien lo ejerce debe rendir cuentas.

@julietdelrio

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