

Rafael Sánchez Andrade.
La ciudadanía no se construye de manera espontánea ni se limita al acto de votar. Requiere procesos formativos sostenidos, espacios de reflexión y oportunidades reales de participación.
En las elecciones presidenciales de 2024 alrededor de 13 millones de jóvenes entre 18 y 29 años registrados en el padrón no acudieron a votar, una cifra aproximada basada en la participación por edad registrada por el INE y reportada por medios de comunicación. La magnitud del dato no solo describe un comportamiento electoral; revela un desafío estructural para la vida democrática del país.
En este contexto adquiere especial relevancia la Convocatoria del Instituto Nacional Electoral, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024–2026, disponible en https://www.ine.mx/, como una intervención situada en el terreno de la formación ciudadana entendida como política pública. Su propósito: fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes cívicas con énfasis en participación política, derechos humanos y perspectiva de género, se vincula estrechamente con los retos de participación, legitimidad y confianza que enfrenta la democracia nacional.
La iniciativa parte de una premisa apropiada: la ciudadanía no se construye de manera espontánea ni se limita al acto de votar. Requiere procesos formativos sostenidos, espacios de reflexión y oportunidades reales de participación. En un entorno expuesto a la desinformación, la polarización y la desconfianza institucional, promover liderazgos femeninos y abrir canales de expresión para juventudes diversas no es un gesto simbólico, sino una estrategia para fortalecer la deliberación pública y ampliar la base social de la democracia. La educación cívica, en este sentido, se convierte en una herramienta de transformación social y de reconstrucción de vínculos entre ciudadanía e instituciones.
El diseño de la convocatoria ofrece condiciones favorables: criterios de elegibilidad definidos, ponderación mayoritaria del componente técnico sobre el económico y mecanismos de evaluación formales que apuntan a la transparencia. Este equilibrio privilegia la calidad metodológica y reduce el riesgo de propuestas improvisadas. Sin embargo, la viabilidad no descansa únicamente en la norma. Exige que las organizaciones seleccionadas posean experiencia territorial, solvencia pedagógica y capacidad para traducir principios democráticos en experiencias formativas concretas.
Los alcances previstos combinan intervención focalizada y cobertura amplia: formación de mujeres en liderazgo político, participación juvenil en espacios de reflexión, incidencia cultural mediante la Feria del Libro y un programa nacional dirigido a mujeres con alcance masivo. No obstante, el éxito no se medirá solo por el número de asistentes o beneficiarias. El indicador decisivo será la profundidad del aprendizaje y la capacidad de sostener procesos más allá del calendario formal.
Persisten retos significativos. La exigencia administrativa puede excluir a organizaciones con arraigo comunitario; los plazos demandan planeación rigurosa; los presupuestos requieren eficiencia. Sobre todo, permanece el desafío de convertir actividades en procesos formativos significativos. La educación cívica no se consolida mediante eventos aislados, sino mediante experiencias que transforman la comprensión del rol del ciudadano.
Los 13 millones de jóvenes que no votaron en 2024 son una señal de alerta para la democracia mexicana. La educación cívica no puede ser complementaria: debe ser una política pública, debe ser estratégica. Formar ciudadanía crítica y participativa es urgente si se quiere cerrar la brecha generacional, incrementar la participación de los jóvenes y fortalecer la legitimidad democrática.