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Opinión

Chihuahua y la traición a la república

Chihuahua y la traición a la república

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.

El Gabinete de Seguridad de ese estado fue claro, los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua no contaban con acreditación para participar en operaciones en México.

Okashi Velasco
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27 de abril 2026

No, lo ocurrido en Chihuahua no es un simple exceso administrativo ni una falla de coordinación entre autoridades, esto es mucho más grave, se permitió la presencia y participación de agentes estadounidenses en territorio nacional sin autorización formal del Estado mexicano, al margen de los procedimientos constitucionales y en abierta tensión con la soberanía nacional, es tan torpe la derecha que incluso quieren generar una narrativa de: ¿y como es posible que la presidenta no supiera?, vaya que descaro.

El Gabinete de Seguridad de ese estado fue claro, los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua no contaban con acreditación para participar en operaciones en México, uno ingresó con pasaporte diplomático; el otro, como turista. Ninguno tenía autorización para realizar labores operativas. Más aún, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones federales de seguridad no fueron notificadas de su presencia ni de su participación física en acciones de campo. No se trata de una especulación política; es un hecho oficial.

La gravedad del caso no termina ahí, todo aquel que ostente un cargo público, del nivel que sea, sabe o debe saber que en México no puede haber agentes extranjeros operando en campo sin autorización expresa del Gobierno federal. Esa no es una postura ideológica; es el principio mínimo de cualquier Estado soberano. La Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los mecanismos de cooperación bilateral existen precisamente para impedir que gobiernos locales actúen por cuenta propia en materias reservadas al Estado mexicano.

Por más que hoy los panistas intenten justificar lo ocurrido, minimizar su gravedad o salir a lavarle la cara a un episodio tan delicado, lo cierto es que no sorprende. No es nuevo. Es parte de una tradición política que históricamente ha visto con simpatía la intervención extranjera, que ha sido incapaz de defender con firmeza la soberanía nacional y que, cada vez que el país enfrenta una crisis, prefiere mirar hacia afuera antes que asumir con dignidad la defensa de nuestras instituciones. Esa ha sido siempre la lógica del conservadurismo mexicano: subordinación, dependencia y desprecio por la libre determinación de los pueblos.

Por eso el fondo del problema no es sólo jurídico, sino político y moral, lo que exhibe este episodio, los pinta de cuerpo entero, es una visión profundamente entreguista de la derecha mexicana que no sólo tolera la injerencia extranjera, sino que la busca, la celebra y la normaliza cuando conviene a sus intereses. Hoy hay evidencia documentada de una lógica política que, frente a la crisis de seguridad, prefieren abrir la puerta a agencias extranjeras antes que respetar el orden constitucional mexicano.

Lo ocurrido en Chihuahua exige más que explicaciones tardías o comisiones internas de caricatura, exige deslindar responsabilidades y actuar con el máximo rigor legal y jurídico con que el estado mexicano dispone.

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