

Jairo Mendoza.
Se argumenta con ligereza que la solución “justa” es repetir el examen para garantizar igualdad de condiciones. Sin embargo, ese argumento confunde equidad con indolencia institucional.
El reciente capítulo en torno al examen de ingreso a licenciaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deja al descubierto uno de los debates más profundos en la vida institucional del país, la brecha entre la justicia y la legalidad. Ante las irregularidades y fallas de seguridad en un concurso de admisión que, por primera vez, se realizó en línea de manera generalizada, la respuesta oficial de las autoridades universitarias optó por el camino más fácil, pero también por el más autoritario contra los aspirantes seleccionados que realizaron su prueba de manera honesta.
El problema trasciende la simple logística de una evaluación; es un problema político y de probable abuso de autoridad. Quienes lograron un lugar mediante el esfuerzo honesto, tras someterse al estrés de meses (incluso años) de preparación, hoy ven sus derechos vulnerados por una institución que busca lavarse las manos de sus propios errores al no poder sancionar individualmente a quienes recurrieron a la trampa. Otorgar un resultado favorable tras un concurso de selección constituye un acto oficial que genera un vínculo jurídico con el aspirante. Revocar ese resultado e imponer un “borrón y cuenta nueva” representa un exceso institucional que raya en la ilegalidad, pues castiga por igual al aspirante ético y al tramposo.
Se argumenta con ligereza que la solución “justa” es repetir el examen para garantizar igualdad de condiciones. Sin embargo, ese argumento confunde equidad con indolencia institucional. Hacer pagar a los aspirantes honestos por la incapacidad operativa de la UNAM muestra cómo la burocracia traslada el costo de sus negligencias al ciudadano común. La universidad traslada la culpa a miles de jóvenes, apostando al desgaste, a la falta de recursos de las familias para emprender litigios prolongados y al olvido paulatino.
Este conflicto refleja una práctica enquistada en el poder público: la imposición arbitraria disfrazada de rectitud procesal, apostando a que el afectado preferirá la resignación antes que el costo que implica la vía legal.
Una institución en evidente declive (como lo refleja su constante pérdida de lugares en el QS World University Rankings) y que a la vez se proclama vanguardia del pensamiento crítico, no puede responder a sus fallas despojando de sus méritos a quienes cumplieron las reglas honestamente. La autonomía y la autoridad moral de la universidad no se reafirman destrozando los sueños de sus mejores aspirantes, sino asumiendo la responsabilidad de sus errores. ¿Qué pasará con aquellos aspirantes honestos que, al repetir la prueba, no logren quedarse? ¿Tiene la UNAM una alternativa para ellos? Veremos qué sucede.
@jairomendoza