

Donald Trump. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, jueves 05 de noviembre del 2026.
Hay políticos que sostienen que el ciudadano no necesariamente premia a un buen gobierno cuando acude a las urnas y que, en consecuencia, una derrota electoral tampoco debe interpretarse como un castigo a una mala administración. Sin embargo, lo ocurrido en Estados Unidos durante las elecciones intermedias es una muestra de que el desempeño de un gobernante sí tiene consecuencias electorales. La baja popularidad de Donald Trump y el creciente descontento ciudadano eran señales que anticipaban un escenario adverso para los republicanos, pero los resultados terminaron por confirmar algo más profundo: cuando la gente no está de acuerdo con la manera en que se gobierna, tiene en sus manos el instrumento más poderoso para manifestarlo: el voto.
El movimiento trumpista, que construyó buena parte de su discurso bajo la premisa de representar al pueblo frente a las élites, terminó enfrentándose al juicio de los electores. La retórica política no es suficiente para sostener la confianza ciudadana cuando las decisiones de gobierno no responden a sus expectativas.
Es cierto que las elecciones de Estados Unidos y México tienen metodologías, dinámicas y sistemas electorales distintos; sin embargo, hay algo que comparten y que no cambia de una frontera a otra: el voto es el arma del ciudadano, la herramienta democrática con la que puede respaldar, refrendar o retirar su confianza a quienes gobiernan. Y aquí vale la pena mirar hacia México.
Con el proceso electoral de 2027 cada vez más cerca, quizá algunos deberían recordar aquel viejo refrán: «Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar». Porque ningún movimiento político, por popular que haya sido, tiene garantizado el respaldo de los ciudadanos para siempre. Al final, el voto también es una evaluación del gobierno en turno.
Del discurso a los hechos: la deuda contra la corrupción
El peso del Estado frente a la corrupción parece finalmente hacerse presente en el caso de Guadalupe Taddei. Los videos difundidos en los últimos días son verdaderamente escandalosos: muestran conversaciones con un empresario proveedor del INE en las que se habla de porcentajes y ganancias millonarias derivados de contratos públicos, además de revelar una red de empresas que habría extendido sus negocios a organismos electorales de distintos estados del país. El bloqueo de cuentas de personas y empresas vinculadas con estos proveedores, así como las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República y las acciones anunciadas por la nueva administración del INE, representan un paso importante para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué no hemos visto la misma contundencia frente a otros escándalos de presunta corrupción que han rodeado a Morena y a distintos integrantes de sus gobiernos? Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que la corrupción no desapareció con el cambio de partido en el poder; los señalamientos siguen acumulándose y muchos de ellos involucran recursos públicos y estructuras de gobierno. Ojalá esta vez las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, se sancione a quien resulte responsable y se consiga resarcir el daño al erario.
México no necesita más discursos de combate a la corrupción, necesita resultados, castigos ejemplares y consecuencias que realmente disuadan a quienes utilizan los recursos públicos como patrimonio propio. Y en Zacatecas también se espera que esa voluntad de combatir la corrupción se traduzca en hechos. Que no haya excepciones, que se investigue donde existan elementos y que no se proteja a nadie por su partido, cargo o cercanía con el poder. Porque la exigencia de transparencia y rendición de cuentas no tiene colores partidistas. La corrupción no puede combatirse por conveniencia política ni dependiendo de quién sea el señalado. Lamentablemente, para muchos ciudadanos sigue siendo una deuda pendiente: la corrupción está igual o peor que antes.
Runrunazos
Existe mucha molestia entre los productores de frijol de Zacatecas, quienes han conocido de manera extraoficial que el precio de garantía para el próximo ciclo agrícola podría establecerse en 20 pesos por kilogramo, siete pesos menos que los 27 pesos pagados el año anterior. Los productores esperan que, antes de hacerse oficial el anuncio, las autoridades reconsideren la decisión y mantengan, al menos, los 27 pesos por kilogramo. Ese aumento que sin duda cambió la realidad del campo, ahora parece más un nuevo problema que una solución.
Durante el homenaje póstumo a Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado, la zacatecana Amalia García advirtió que honrar su legado significa defender la democracia, la autonomía electoral y la separación de poderes. Recordó que las conquistas democráticas no están garantizadas y lanzó un mensaje contundente: no permitir que el poder absoluto se imponga sobre la sociedad.
En medio de la crisis financiera de la UAZ y los adeudos al personal académico, el SPAUAZ anuncia un paro de 12 horas que difícilmente representa una presión real para la Rectoría. Los más afectados vuelven a ser los estudiantes, especialmente quienes viajan desde otros municipios y terminarán perdiendo jueves y viernes de clases. Mientras el conflicto laboral sigue sin resolverse, los docentes suspenden actividades y los alumnos pagan las consecuencias. ¿De qué sirve una medida de presión que termina afectando únicamente a los estudiantes, porque los maestros sí cobrarán el día?